MOCIÓN SOLICITANDO MANTENER LAS GARANTÍAS QUE LA ACTUAL LEY DE COMERCIO OFRECE A LAS PYMES CANARIAS

EXPOSICIÓN DE  MOTIVOS. 

El Parlamento Europeo aprobó en 2006 la Directiva de Liberalización de Servicios del Mercado Interior en la Unión Europea cuyo objetivo básico es el de favorecer la constitución de un espacio único europeo del sector servicios mediante la supresión de las barreras legales y administrativas actuales. En el caso del Estado Español , y en concreto de concreto de Canarias, la trasposición de la denominada “Directiva Bolkestein” al derecho propio habrá de traducirse necesariamente en importantes cambios del actual marco jurídico que conllevarán, en muchos casos, efectos perniciosos para sectores calves de nuestra economía.
Aplicar literalmente la Directiva 2006/123/CE produciría una liberalización radical del comercio con graves consecuencias en una economía tan elástica (las empresas son sensibles a cualquier cambio en el mercado) como la canaria. No en vano, estaríamos generando una dura, injusta y desigual competencia entre PYMES y grandes superficies, que provocaría una situación de dominio, monopolio y oligopolio de unas sobre las otras.
Este cercano y poco halagüeño panorama se torna aún más grave en el contexto actual, presidido por una situación de crisis económica que ha tenido una incidencia notable en el sector de las PYMES, que ha sufrido una caída en sus ventas del 16% y ha generado más de 28.000 desempleados, con lo que de ejecutarse la referida Directiva, la subsistencia del sector pasaría a ser una cuestión casi heroica.
Dicho todo lo anterior, creemos también que es conveniente llamar la atención sobre la incidencia que la normativa Comunitaria tendría sobre nuestra ya frágil agricultura. En este sentido, tomamos como referencia las declaraciones de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), quien ha anunciado que tres empresas ponen el precio del 50% de los productos” de los agricultores, “lo que supone un abuso de su posición de dominio del mercado”. Por lo tanto, “es más que evidente que las grandes superficies y su gran poder de compra debilitan la agricultura canaria y aceleran la desaparición del sector”.

Por su parte los agentes económicos y sociales de las Islas ya han mostrado su total rechazo a la Directiva. Así, podemos destacar que CCOO, UGT y Unión Sindical Obrera han señalado que el Gobierno de las Islas pretende sustituir la norma canaria de comercio por los aspectos "más malévolos y perversos" de la directiva comunitaria. Por ese motivo, los tres sindicatos exigen al Ejecutivo autónomo que contemple elementos compensadores de naturaleza territorial, medioambiental y poblacional en la nueva ley canaria de Comercio. Además, afirman que la instauración de la directiva europea afectará también a los puestos de trabajo en Canarias, ya que "el empleo en las grandes superficies es a tiempo parcial, precario y con bajos salarios, mientras que en el pequeño y mediano comercio es fijo y está mejor retribuido”.
Otro de los agentes sociales preocupados ante esta situación es la Cámara de Comercio que ha advertido reiteradamente sobre los peligros de que en Canarias se establezca una regulación que permita sin cortapisas la implantación de grandes superficies, tiendas de descuento duro, de saldo permanente y libertad de horarios comerciales.  

Valgan estas menciones como ejemplo de la enorme preocupación que la Directiva Bolkestein ha despertado en el sector del pequeño y mediano empresariado de las Islas y de la posición unánime sobre sus devastadores efectos.

En estos momentos, la actual Ley de Comercio la Ley 10/ 2003, en su exposición de motivos, señala que “pretende promover la actividad comercial en el territorio de la Comunidad Autónoma y proteger los intereses de los comerciantes de manera que la existencia de un sector moderno bien equipado, cubra de forma racional el territorio de las islas, y por otro lado, la existencia de unidades comerciales competitivas”
El sistema de autorización específica (aplicado en Canarias gracias a esta Ley 10/2003) ha dado “cobertura regulada” a la instalación de centros comerciales, grandes establecimientos comerciales polivalentes y especialistas, previo informe de impacto social y económico. Desde luego, en ningún caso defendemos que este sistema sea “la panacea “ para el sector comercial, pues nadie puede poner en duda como ha influido en el tejido comercial de las pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, si se elimina dicha autorización, se estaría faltando a uno de los principios básicos de la Ley de Comercio que se basa en que el consumidor tenga unidades competitivas cercanas a sus lugares de residencia, y al mismo tiempo, se estaría desprotegiendo también al pequeño comercio puesto que al no poder competir, se crearían posiciones de dominio.
La Directiva de Servicios en el Mercado Interior Europea afecta a casi todas las ramas económicas integradas en el sector servicios (comercio, la hostelería, la restauración, el ocio el turismo, artesanía, servicios industriales, distribución, entre otros) y busca garantizar la libre circulación de empresas entre países miembros y eliminar las trabas al crecimiento de determinados formatos empresariales, en concreto, de las grandes superficies comerciales.
La integración de Canarias en particular y de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en general en la Comunidad Europea ha sido siempre objeto de un enfoque diferenciado y específico. Este complicado proceso de integración de Canarias ha culminado en el actual marco normativo, constituido fundamentalmente por el Art. 299.2 TCE, el Reglamento (CEE) nº 1911/91 del Consejo, relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en las Islas Canarias.

La limitada y problemática realidad de las RUP ha sido bien caracterizada en el adjunto Memorándum elaborado por Francia, España y Portugal sobre la aplicación del art. 299.2, en su “aislamiento, lejanía, reducidas dimensiones, la exigüidad del territorio, la escasez de recursos, y la reducida dimensión de los mercados que no pueden compensarse, como ocurre con el resto del territorio europeo, con la presencia de mercados próximos que permitan dar mayor salida a los productos. Este aislamiento se combina con otras dificultades que constituyen otros tantos límites al desarrollo como el carácter archipielágico, acentuado por la dispersión de las islas; los costes de producción, especialmente los salariales, de nivel europeo, que sitúan a las RUP en situación competitiva desfavorable en relación con los países de su entorno geográfico; los costes adicionales de abastecimiento y de comercialización; la dificultad para alcanzar economías de escala; su dependencia con respecto a producciones frágiles en el mercado internacional, etc”.
Como consecuencia, según establece el art.5 de dicha Directiva “podrá establecerse un régimen de autorización ( recogido actualmente en la Ley de Comercio) cuando concurran las siguientes condiciones: no discriminación, necesidad y proporcionalidad”.
La Ley de Comercio actual regula esta actividad en Canarias y por ende, puede abstenerse en dicho ámbito de aplicación de la trasposición de la nueva y perjudicial Directiva Comunitaria.

Por todo ello, sin menoscabo de las enmiendas y/o añadidos que el resto de Grupos de la Corporación estimen necesarios para su perfeccionamiento, el Grupo Municipal IUC-LOS VERDES. UNIDOS POR LA OROTAVA eleva al Pleno, para su aprobación, si procede, el texto de la siguiente Moción:
  
TEXTO DE LA MOCIÓN.

El Excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava acuerda:

1)Mostrar su rechazo a la Directiva Bolkestein por los efectos perniciosos que su aplicación tendría en el sector del pequeño y mediano comercio de las Islas.
2)Instar al Gobierno de Canarias, en base al acuerdo recogido en el apartado anterior al mantenimiento, en la redacción de la nueva Ley de Comercio, de lo referido a la regulación de las licencias comerciales, generando una Ley favorable a las pymes.
3)El Excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava acuerda enviar la presente moción a la FECAM y a las organizaciones empresariales o comerciales de carácter o ámbito local, insular y regional, así como a las diferentes organizaciones sindicales que desarrollan su labor en Canarias.

LA OROTAVA, A 21 DE NOVIEMBRE DE 2008.